¿Qué ocurre con la dotación de ministros? ¿Por qué es una demanda que sigue vigente?
“Es una preocupación no solo mía, sino que han tenido siempre los ministros. Por ello, me preocupé de investigar y encontramos datos relevantes. Por ejemplo, ubicamos la ley que aumentó la dotación de esta Corte de Apelaciones, donde pasó de cinco ministros que tuvo en su origen a siete. Esta ley es del 19 de febrero de 1906. Esta Corte fue creada en 1888, por lo cual, apenas 18 años después, en aquella época, ante el auge de la codificación de las leyes en materia civil y penal, se aumentó el número de ministros. Pero de ahí en adelante, fue un tema olvidado. Desde 1906 a la fecha, nada ha pasado. Seguimos teniendo la dotación de siete ministros, a pesar de las modificaciones procedimentales, las cuales son bastantes y profundas. De hecho, aumentó la dotación de jueces y de tribunales, pero ministros seguimos siendo los mismos”.
¿Qué significa que no aumente la dotación de ministros?
“Es una preocupación evidente, porque esto significa que nunca vamos a estar al día. Es imposible que nosotros, pese a todos los esfuerzos que se hacen, incluso trabajando en salas extraordinarias y jornadas en la tarde, como se ha hecho en distintas presidencias. No es posible estar al día porque no damos más abasto, no podemos ver más causas de las que vemos si no contamos con más ministros. Por ello, es urgente y necesario”.
¿Existe alguna expectativa que esto se resuelve en el contexto del proceso constituyente?
“Estamos en un proceso constituyente donde no sabemos los resultados, pero me parece que es bueno que ellos conversen con los distintos poderes del Estado, que conozcan las realidades para que, cuando tomen decisiones, lo hagan con conocimiento y respondiendo a esas necesidades. Por ello, me parece que es importante que, en este momento histórico que estamos viviendo, se conozca esta realidad”.
¿Qué ha pasado con la continuidad de la labor en los tribunales pese a la pandemia?
“Que quede claro para toda la comunidad que, en todo este periodo de pandemia, el Poder Judicial no ha dejado de funcionar. Es una de las institucione que ha cumplido y ha estado a la altura de las circunstancias. Hemos trabajado profundamente y con mucha responsabilidad. Nuestros informáticos han sido un apoyo extraordinario para que todo funcione. Creo que, como nunca, los abogados han podido alegar sus causas con total normalidad, de manera remota. Incluso se les llama por teléfono si no están conectados para saber si han tenido algún problema con la conectividad, para que nadie quede en la indefensión. De eso, el Poder Judicial se ha preocupado a través de los distintos estamentos”.
¿Es posible que las audiencias telemáticas se mantengan como práctica atendiendo que, en muchos casos, han facilitado la labor de los abogados y los jueces?
“Lo más aconsejable es mantener este tipo de audiencias, porque así evitamos las largas esperas de los abogados en las Cortes de Apelaciones que, muchas veces, deben viajar desde lejos. Ellos ya se han acostumbrado a hacerlo de esta forma telemática. Eso no implica indefensión. Es más, esta Corte de Apelaciones tiene habilitada una sala especial para que se conecten aquellos abogados que no cuentan con los medios tecnológicos, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios”.
¿Cómo reaccionaron los actores e intervinientes ante el problema de llevar adelante juicios en forma telemática?
“Si bien hubo resistencia, en un primer momento, a la realización de las audiencias bajo esta modalidad, sobre todo, en cuanto a los juicios penales, al final, la realidad se ha ido imponiendo. Y la realidad viene demostrando que los juicios se pueden realizar. Nuestro actual sistema adversarial permite que, si hay dos partes e incluso más en litigio, ya sea penal o laboral, todos ellos pueden concurrir a la audiencia, para allí contra interrogar a los testigos, para verificar que no estén leyendo o que alguien les esté sugiriendo las respuestas. Pero, además, en los tribunales se han habilitado espacios con todos los protocolos sanitarios, para que los testigos vayan a declarar, si bien las audiencias son vía remota. Entonces, me parece que es una forma de trabajo que ha sido efectiva y eficaz, porque ha permitido ahorro de recursos y tiempo. Así que no me extrañaría que siga esta modalidad, teniendo la voluntad de las partes para estas soluciones colaborativas de trabajo”.
¿Qué está volviendo a ocurrir en el Tribunal Oral de Talca donde nuevamente se están programando audiencias de juicio oral para un año más, esto es, mucho más que los plazos que fija la ley?
“Lo que pasa es que se trata de que el tribunal haya resuelto programar a un año más. Hay que recordar que muchas de las partes se negaron a realizar juicios de manera remota…”.
¿Qué partes fueron las que se negaron?
“Es distinto en cada caso, porque también hay intervinientes particulares. Esa información la puede entregar cada tribunal en cada caso específico. Pero hubo resistencia a realizar audiencias de juicio telemát4icas. Se fueron suspendiendo los juicios por uno u otro motivo y eso significó ir aplazando los casos. Entonces, llega un momento en que se tienen que retomar y así ha ocurrido, pero entre lo nuevo que lleva para programar y lo que ya se ha suspendido y se debe reagendar, no hay dotación suficiente para dar solución en un menor tiempo, considerando el actual número de jueces en el Tribunal Oral en lo Penal de Talca”.
¿El problema de la dotación en este tribunal desde cuándo comenzó o bien fue desde un principio?
“Desde su gestación cuando partió la reforma procesal penal, el año 2001, el Tribunal Oran en lo Penal de Talca tuvo menos jueces de los que debía tener. Si lo comparamos con un tribunal que tiene una competencia jurisdiccional similar, como es en Rancagua, en la Región de O’Higgins, el tribunal oral de dicha ciudad tenía doce jueces cuando en Talca había seis y, actualmente, tiene 18 jueces. Y en Talca hay apenas siete. Es decir, ante una misma cantidad de juicios, la dotación en otros tribunales es el doble. Eso está demostrando que el Tribunal Oral en lo Penal de Talca no fue concebido como corresponde. Es una deuda histórica, la misma que tiene la Corte de Apelaciones.
Lo que ocurre es que no queremos que esa deuda histórica en el Tribunal Oral de Talca se arrastre por 115 años como ha ocurrido con la Corte de Apelaciones. Ahí es donde uno hace la analogía, porque tenemos un tribunal que está colapsado y eso no tiene que ver solo con que haya más trabajo para los jueces. Nuestro deber en el Poder Judicial es darle respuestas a la ciudadanía Y la ciudadanía no puede estar esperando dos años por una sentencia. Siempre hemos llevado a cabo los mayore esfuerzos, trabajando de manera extraordinaria, para poder dar esa respuesta oportuna. Me parece que, en este caso, los actores involucrados, como son el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, podrían realizar un planteamiento conjunto ante otros poderes del Estado. En algún momento lo plantearon, pero hasta la fecha no he visto algo concreto. Ocurre que la necesidad de aumento de dotación en el Tribunal Oral en lo Penal de Talca también implica un aumento en la dotación de fiscales y defensores que puedan contribuir a realizar audiencias e investigar los casos. Es decir, es un sistema completo que requiere una modificación completa”.
¿En qué afecta esta situación a la gente que lleva sus conflictos ante la justicia?
“Todos sabemos que la justicia que no llega en el momento adecuado finalmente no es justicia. Eso lo tenemos claro. Y esa es nuestra principal preocupación. Yo quiero que a nuestra región le quede claro que estamos preocupados, que hemos hechos lo que ha estado a nuestro alcance, haciendo peticiones a la superioridad. Pero hay cosas que no dependen de nosotros. Por esto, el hablo a los constituyentes, para que tengan en cuenta estas necesidades, porque no son para nosotros, son para nuestros usuarios”.