Con motivo de la próxima contienda electoral han asomado preocupantes concepciones en torno a los derechos humanos. Concepciones que los banalizan, con extrema liviandad. Desde la izquierda dura, particularmente la que tiende a estar tras la candidatura de Artés, se encuentran quienes los vinculan con el derecho a la educación, la salud, la vivienda, las pensiones y un largo etcétera, mientras soslayan lo que ocurre en los regímenes que tanto admiran, donde las libertades individuales, sindicales y políticas se encuentran severamente conculcadas mediante la violencia de un aparato estatal represivo, comprometiendo con ello el respeto irrestricto a los derechos humanos.
En la derecha dura los derechos humanos están siendo abordados por los adeptos a la candidatura de Kast con una frivolidad que nos retrotrae a los tiempos del innombrable. Tiempos donde los eufemismos sobre la materia andaban a la orden del día y que hoy parecen querer volver por sus fueros. Es así como hasta ahora han defendido las violaciones a los derechos humanos en que incurrieron las fuerzas armadas y de carabineros. En su defensa, a lo más han calificado tales violaciones como hechos aislados, o como lamentables excesos, no reconociendo hasta la fecha la existencia de una política de exterminio opositor. Política aplicada por los organismos represivos creados exprofeso para estos efectos. El caso de los degollados fue uno de los más emblemáticos. El país fue testigo de una política de violación de los derechos humanos que incluyó despidos, torturas, desapariciones, asesinatos, secuestros, fusilamientos, persecuciones y exilios.
El concepto de los derechos humanos adquiere preeminencia en 1948 cuando la Asamblea de las Naciones Unidas resuelve aprobar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ésta surge como consecuencia de los horrores de la segunda guerra mundial donde se ocupó todo el poder del aparato estatal para sojuzgar, humillar y gasear a personas en razón de su raza, orientación sexual, pensamiento religioso o político. Lo que se persigue con tal declaración es poner límites al poder político y al poder militar, esto es, que nadie desde el aparato estatal y al amparo de éste, a nombre de la patria, de la libertad, de la justicia, o de lo que sea, pueda hacer lo que se les antoje sin responder por las consecuencias de sus acciones.
En democracia se asume que el poder militar está subordinado al poder político. Desgraciadamente, desde el inicio de la transición democrática esta subordinación ha sido dudosa, por decir lo menos. El poder político ha tenido un comportamiento signado por el temor, comprometiendo con ello la esencia de lo que implica un régimen democrático en forma. En este sentido se puede afirmar que la transición democrática estuvo mal parida desde el minuto que quien perdiera el plebiscito del 88 se diera el lujo de continuar por un año más, reasumir luego la comandancia en jefe del Ejército, para posteriormente pasar a ser senador vitalicio en virtud de las disposiciones constitucionales fraguadas por él mismo.
Se banalizan los derechos humanos cuando desde el entorno de Kast se afirma que Krassnoff no violó los derechos humanos, no obstante que fue condenado por ello, y sosteniendo que los tribunales se pueden equivocar; se banalizan los derechos humanos cuando se promueve una amnistía para los condenados de Punta Peuco; se banalizan los derechos humanos cuando se justifican “los excesos” de organismos aduciendo los más diversos motivos como si sus ejecutores se mandaran solos; se banalizan cuando se promueve una reducción del aparato del Estado al mismo tiempo que se apoya un aumento de la militarización del país.
Me resisto a creer que la mayoría del país esté disponible para menospreciar y pasar por alto los derechos humanos y a favor de la militarización de la política. Sin embargo, no es descartable en un contexto de desorden e inseguridad que el gobierno se muestra incapaz de resolver. Cabe destacar que los países libres no lo son por la vía de incrementar el poder de amedrentamiento de la ciudadanía alentando un Estado coercitivo y militarizado. Me asiste la convicción de que el orden y la seguridad tan ansiados por todos, no se alcanza por esa vía, sino que por el camino del diálogo frente a frente entre las distintas fuerzas políticas que abracen la democracia en su sentido más pleno.
