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Intentan pasar por loca a mujer que estafó utilizando a su madre fallecida

Formalizan a Ketty Castro de estafar a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) en 26 millones de pesos tras cobrar montepíos con poderes falsificados

El tribunal autorizó a la prensa a publicar imágenes de la detenida y a revelar su nombre ya que a temprana hora fue trasladada por la PDI desde el cuartel policial al tribunal.

¿Cuál fue la intervención de la defensa de la imputada?

La Defensoría Penal Pública intentó que se suspendiera la investigación formalizada ayer  por la fiscalía de Curicó en contra de Ketty Castro Cáceres por los delitos de estafa, falsificación y uso malicioso de instrumento público y privado. En la práctica, esto significa que la detenida adulteraba documentos como poderes notariales para cobrar el montepío de su madre y adulta mayor, Ketty Cáceres, entre los años 2013 y 2017, ante la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) y a sabiendas de que su progenitora había fallecido el año 2010 y que su cuerpo estuvo por largos años al interior de su domicilio ubicado en la Población Aguas Negras de Curicó, hasta que fue descubierto por Carabineros en julio de 2021 tras denuncias de vecinos.

¿Y cuáles fueron los argumentos para trata de suspender la causa?

La abogada, Viviana Araneda, de la Defensoría Penal Pública, sostuvo que la detenida es una paciente psiquiátrica del Hospital Base de Curicó y que incluso registra una causa penal que está suspendida desde el año 2018 a la espera de que el Hospital Psiquiátrico Doctor José Horwitz Barack de Santiago realice un peritaje a la misma Ketty Castro para determinar si puede o no enfrentar un juicio. A su vez, la abogada detalló una serie de antecedentes asociados a esta condición de salud, como recetas, los cuales no pueden ser revelados bajo prohibición por parte del Juzgado de Garantía de Curicó.

¿Qué respondió la fiscalía y qué resolvió el juez?

El fiscal jefe de Curicó, Miguel Gajardo, replicó que la detenida se encuentra en condiciones mentales normales, por cuanto desmintió todos los antecedentes de la formalización, demostrando con ello que era capaz de entender los cargos criminales. En todo caso, sostuvo que para aclarar la situación, como fiscalía se ordenará un peritaje psiquiátrico a cargo del Servicio Médico Legal (SML) de Curicó. Una opinión similar manifestó el abogado, Christian Bultó, querellante en representación de la institución Capredena. Tras ello, el juez, Mauricio Aravena, rechazó la suspensión del procedimiento penal y judicial por estimar que no está determinado que la imputada se encuentra afectada por una enfermedad mental que le impida comprender los términos de una investigación y un posible juicio.

¿Cuáles fueron los delitos formalizados?

El fiscal Gajardo relató que la imputada llevó a cabo en tres ocasiones la presentación de poderes notariales ante Capredena para validar entre los años 2013 y 2017 el cobro de la pensión de su madre como montepío, sabiendo que su progenitora, Ketty Cáceres, había fallecido el año 2010, pero nunca se dio cuenta de esta situación ante las instancias legales y administrativas. Entre las acciones que llevó a cabo la imputada, el persecutor reveló que se suplantó la firma de su madre y su huella digital, engañando a notarios y al personal de Capredena. Precisó que, con este modus operandi, la mujer logró apropiarse de un total de $26.556.145. Pero no fue lo único, porque en julio de 2018 la imputada realizó la misma acción, esta vez, ante la municipalidad de Curicó, donde también presentó documentos adulterados para suplantar la tutoría legal de una hija menor de edad y así cobrar beneficios sociales, acumulando en total $2.374.500.

¿Qué medidas cautelares solicitó la fiscalía?

El persecutor de Curicó solicitó dos medidas cautelares para asegurar la comparecencia de la detenida ante la investigación y un posible juicio, esto es, prohibición de salir del país y firma obligatoria mensual ante Carabineros de Curicó. Sin oposición de la Defensoría, el juez decretó ambas medidas y notificó tanto a la PDI como a Carabineros y a la propia imputada. Luego, el tribunal limitó en tres meses el plazo de la investigación y decretó la libertad de la detenida, quien antes de retirarse dialogó en forma privada con su defensora.

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