¿Cuál fue la motivación del Consejo General de Fiscales para pronunciarse en torno a esta propuesta legislativa?
“Nos pareció extremadamente grave los cuestionamientos al sistema de justicia penal, del que la Fiscalía de Chile forma parte, para fundar una propuesta legislativa, estimando que la persecución y sanción penal tendría como propósito consideraciones no jurídicas.
Nuestra tarea diaria de la fiscalía, en cada rincón de la región y del país, se enmarca en lo que nos impone la constitución y las leyes, la desarrollamos bajo principio de objetividad, con absoluta autonomía, sin sesgo o condicionante. Tanto es así, que todas nuestras decisiones son permanentemente sometidas al escrutinio de los jueces, quienes aplican la ley, a menos que alguien sostenga que fiscales y jueces nos hemos puesto de acuerdo para abocarnos a funciones que la ley no nos ha encomendado”.
¿Existen en Chile presos políticos o ha habido motivaciones políticas en la persecución penal?
“Este es el tema principal de nuestro cuestionamiento. La fiscalía investiga delitos, es decir, actos que ‘la ley’ señala expresamente que son delitos, y no conductas que arbitrariamente queramos perseguir. De esta manera, puedo asegurar que, en el marco de los procesos penales, no existen personas detenidas, formalizadas o en prisión en razón de su pensamiento, opinión, tendencia política o consideración de otra naturaleza, sino que por sus acciones o conductas, que no son otra cosa que delitos.
Nosotros hemos llevado y estamos llevando a cabo investigaciones de manera muy rigurosa y profesional, presentando ante los tribunales a quienes han cometido un delito en el marco del movimiento social, sea quien sea el responsable, civiles o uniformados, solicitando a los tribunales las medidas o sanciones que la ley contempla. Quien sostenga que en nuestro país hoy existen presos políticos, que lo denuncie concretamente. La fiscalía tiene el deber de ser garante de los derechos humanos y en ese rol no claudicaremos”.
¿Es correcto generalizar en estas propuestas legislativas para asentar la idea de que el sistema penal es discriminatorio o ha actuado de forma distinta ante detenidos por el denominado “estallido social”?
“Sin duda que no es correcto. Este proyecto de ley apunta en sentido contrario de lo que un Estado de Derecho exige en contra de quienes han cometido un delito y, en estos casos, estamos hablando de ilícitos graves. Entonces, se busca dejar sin sanción a quienes actuaron de manera muy violenta en contra de personas y bienes, y que por sus actos están en prisión preventiva o en espera de los juicios.
No olvidemos que es un juez el que garantiza que la investigación en contra de una persona se lleve a cabo sin transgredir la ley y los derechos del imputado. Es ese juez el que pondera los antecedentes presentados por la fiscalía, querellantes y la defensa, tomando una decisión que incluso – y ha ocurrido en la mayoría de los casos – es revisada por una segunda instancia, por las Cortes de Apelaciones”.
¿La persecución penal ha sido igual para todos en la región en el contexto de la crisis generada tras octubre de 2019?
“En el Maule la persecución penal ha sido igual para cada una de las personas detenidas e imputadas por un delito, no sólo relacionado con el movimiento social, sino que con cada hecho ilícito que ocurra en las treinta comunas maulinas. También puedo asegurar que la fiscalía que encabezo no ha perseguido ni perseguirá a ningún ciudadano chileno o extranjero por su tendencia política o religiosa.
Somos una institución que se enorgullece por actuar de manera legal, profesional y objetivo ante los requerimientos que a diario recibimos. Lo he sostenido reiteradamente: vamos a perseguir a quienes cometan delitos, sea quien sea el responsable”.
¿Qué mensaje le daría usted a los ciudadanos ante estas propuestas y su impacto en el sistema penal y de justicia?
“La ciudadanía debe estar tranquila en torno al trabajo que realiza la fiscalía. Como se ha difundido en el último tiempo, cada hecho grave ocurrido en la región lo hemos investigado, dirigiendo el trabajo de las policías y, en casi la totalidad de estos ilícitos, hemos esclarecido rápidamente los hechos y los autores están en prisión.
Ahora bien, en específico, sobre el proyecto de ley, confiamos que prime la cordura y esperamos, en todo caso, que se escuche la postura del Ministerio Público y de los tribunales, puesto que quienes están hoy en prisión preventiva o con medidas cautelares gravosas son personas que cometieron ilícitos graves y que nuestra legislación sanciona altas penas.
En consecuencia, la fiscalía de Chile reafirma su compromiso con la investigación y persecución de delitos, y con la protección de los derechos fundamentales de todas las personas que participan del proceso”.
