¿Qué pasó?
La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió hoy –miércoles 10 de febrero– la solicitud de la defensa del único imputado y resolvió sustituir la medida cautelar de arresto domiciliario total decretada en primera instancia por el Juzgado de Garantía de Panguipulli a petición de la fiscalía, por la de arraigo nacional y firma quincenal.
¿Quién es el imputado?
El único imputado es el sargento segundo de Carabineros, Juan Guillermo González Iturriaga, formalizado por el Ministerio Público como autor del supuesto delito consumado de homicidio simple del joven malabarista, Francisco Andrés Martínez Romero, hecho ocurrido el viernes recién pasado, en el centro de la comuna de Panguipulli.
¿La resolución fue unánime?
No. El fallo fue dividido (causa rol 100-2021) en la primera sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Ignacio Correa, Luis Aedo y María Elena Llanos– donde con los votos de mayoría se estimó que, de acuerdo a las evidencias disponibles, se podría configurar la hipótesis de legítima defensa.
¿Qué dice la Corte de Valdivia en su fallo?
«Atendido el mérito de los antecedentes que se han expuesto por los intervinientes en esta audiencia y a la luz de las evidencias disponibles, se puede afirmar actualmente que el imputado actuó al amparo de la hipótesis de legítima defensa, de manera que el tribunal señala que concurren todos los elementos del artículo 10 N° 4 del Código Penal, por lo que se REVOCA la resolución apelada de fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno y se hace lugar a la petición de la defensa, en el sentido de aminorar la medida cautelar y en su lugar se sustituye por el arresto domiciliario decretado por firma quincenal en dependencias de Fiscalía local, en el lugar donde se encuentre desempeñando sus servicios y arraigo nacional».
¿Quién votó en contra, es decir, por mantener el arraigo nacional del imputado?
La decisión fue adoptada con el voto en contra del ministro Luis Aedo, quien estuvo por mantener la medida cautelar decretada en primera instancia «en virtud de sus propios fundamentos y en el marco de la decisión de la fiscalía de formalizar por homicidio simple».
¿Quién apeló a la Corte de Valdivia?
Las apelaciones a la medida cautelar de arresto domiciliario total fueron presentadas tanto por la Defensoría Penal Pública como por la parte querellante, esto es, el INDH y un abogado particular que representa a la familia de la víctima. En el primer caso, la Defensoría solicitó revocar la medida cautelar decretada en primera instancia, mientras los querellantes pedían la medida cautelar de prisión preventiva.
