Experto penalista advierte posibles zonas grises en la aplicación de controles de identidad tras la entrada en vigencia de la Ley N°21.802
¿Qué cambia con la nueva Ley de Seguridad Municipal?
La Ley N°21.802 incorpora a los municipios como actores más activos en la seguridad pública, permitiendo que inspectores municipales participen en labores preventivas como patrullajes, vigilancia y apoyo en situaciones de flagrancia. Esta ampliación del rol municipal busca reforzar la presencia territorial y la prevención del delito.
¿Por qué genera debate el control de identidad?
El abogado penalista y académico Rodrigo Medina advierte que la normativa abre un escenario complejo. “Vamos a tener no una, no dos, sino tres modalidades de control de identidad”, explicó, aludiendo a la coexistencia de controles preventivos, investigativos y aquellos vinculados a inspectores municipales.
Esta superposición, lejos de ordenar, podría generar confusión tanto en funcionarios como en ciudadanos.
¿Dónde están los principales riesgos?
El punto crítico está en la interpretación. “Los controles de identidad son de muy dificultosa interpretación porque a veces no se sabe cuál de las normas están ocupando los funcionarios”, señaló Medina.
Aquí aparece la famosa “zona gris”:
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El control investigativo exige indicios de delito.
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El control preventivo no requiere ese estándar.
“El control preventivo es lo más cercano a la detención por sospecha”, enfatizó, subrayando que las personas tienen derecho a saber bajo qué marco legal están siendo fiscalizadas.
¿Qué rol cumplen los municipios según la ley?
La normativa establece que las municipalidades tienen una función “coadyuvante” en seguridad pública. Esto significa que no reemplazan a las policías, pero sí las apoyan activamente en el territorio, fortaleciendo la vigilancia y la prevención en barrios y espacios públicos.
¿Existen aspectos positivos en la ley?
Sí, y el propio experto lo reconoce. “Es importante que la ley valide esta función y que las municipalidades puedan capacitar a sus funcionarios y disponer de elementos de protección”, indicó.
La ley contempla equipamiento como chalecos, cascos, bastones, esposas, gas pimienta y dispositivos eléctricos, excluyendo expresamente las armas de fuego.
Además, incorpora financiamiento desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, lo que permite apoyar a municipios con menos recursos. “Esto agrega un criterio de equidad territorial”, destacó Medina, facilitando que las políticas de seguridad lleguen de forma más justa a distintos sectores.
¿Qué debería observar la ciudadanía?
El llamado es claro: estar informados. Entender qué tipo de control se está aplicando no es un detalle técnico, es una garantía. En un escenario donde las atribuciones se amplían, la claridad es la mejor herramienta para evitar abusos y fortalecer la confianza en las instituciones.
