¿Qué pasó?
Fue el viernes de la semana pasada cuando la PDI de Molina detuvo –por orden judicial- a siete imputados que eran investigados desde hace un año por la fiscalía local y los mismos detectives, tras los incendios forestales que se registraron en el verano del 2020 en la precordillera de esta comuna y que estuvieron a punto de afectar al Parque Nacional Radal Siete Tazas, destruyendo miles de hectáreas de bosques nativo y plantaciones forestales.
¿Qué resolvió la justicia?
En aquella ocasión, a petición de la fiscalía, el juez, Cristian Albarrán, del Juzgado de Garantía de Molina, decretó la medida cautelar de prisión preventiva para tres de los siete imputados, por estimar que sus libertades constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad. Se trata de Osvaldo Soto, Guillermo Soto y Jordan Salinas: el primero de ellos formalizado como presunto responsable de cinco incendios intencionales; el segundo en la misma calidad; y el tercero por su presunta participación en tres incendios de la misma naturaleza.
¿Por qué lo hacían?
La fiscal jefe de Molina, Mónica Barrientos, explicó en la ocasión que, según la declaración de dos de los imputados, así como las interceptaciones telefónicas y el análisis de mensajes a través de redes sociales entre los imputados, quedó en claro que estos sujetos estaban motivados por razones económicas. Es decir, los imputados –que formaban una brigada forestal que prestaba servicios para la empresa El Astillero, propietaria del fundo Agua Fría, en la precordillera de Molina- inventaron una fórmula para provocar los incendios justo a la hora en que terminaban sus labores, por lo cual, debían continuar trabajando durante la noche y así cobraban horas extras, aumentando sus remuneraciones.
¿Qué hizo la defensa?
Si bien en la audiencia de formalización de la investigación todos los imputados fueron representados por la Defensoría Penal Pública, los tres que quedaron en prisión preventiva revocaron ese patrocinio y se lo otorgaron al abogado, Giovanni Espinoza, como defensor penal privado. Su primera acción fue apelar a la medida cautelar, lo cual llevó el caso criminal a la Corte de Apelaciones de Talca.
¿Qué pasó en el tribunal de segunda instancia?
Ocurre que este miércoles, en horas de la mañana, se realizó la audiencia telemática de alegatos ante la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Talca. Allí los ministros, Olga Morales y Carlos Carrillo, junto al abogado integrante, Robert Morrison, escucharon los alegatos de la defensa particular y de la fiscalía, ya que las partes querellantes –la empresa forestal Astillero y la Intendencia del Maule- no se presentaron ante la segunda instancia judicial.
¿Cuál fue el alegato de la defensa?
Tal como lo había adelantado en su escrito de apelación, la defensa alegó que los imputados Osvaldo y Guillermo Soto todavía no han sido llamados a declarar por la fiscalía y que, por lo tanto, la fiscalía desconoce sus versiones de los hechos. Y respecto al imputado Jordan Salinas, la defensa sostuvo que esta persona ya declaró ante la fiscalía, pero que su versión no fue valorada en la investigación.
¿Y la fiscalía qué dijo en el alegato?
Hernán Delgado, abogado asesor de la Fiscalía Regional del Maule, fue quien presentó alegato. Allí sostuvo que la formalización se sustentó en antecedentes obtenidos durante la investigación y que la participación de estos tres imputados se sustentó en esos indicios, entre ellos, las declaraciones de los coimputados y las interceptaciones telefónicas. A la vez, afirmó que el delito formalizado es incendio de bosques y, atendido el número de casos, se agrava la responsabilidad penal.
¿Qué decidió la Corte de Apelaciones?
La segunda sala del máximo tribunal regional optó por confirmar la decisión del tribunal de primera instancia, en fallo unánime, atendidos los antecedentes expuestos en la audiencia y el mérito de la investigación.
¿Qué viene ahora y en qué condición están los otros imputados?
El fallo de la Corte de Apelaciones fue informado de inmediato al Juzgado de Garantía de Molina, ratificando así que los tres imputados en prisión continúen en esa condición en la cárcel de Curicó. Respecto a los otros cuatro imputados, sus situaciones son distintas: Pablo Alarcón y Jaime Castillo se encuentran bajo al medida cautelar de arresto domiciliario nocturno; mientras que Jorge Cortés y Juan Carlos Belmar se encuentran bajo las medidas cautelares de firma quincenal y arraigo nacional.
