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Acuerdo económico puso fin a litigio por atropello de joven soldado

La víctima, Bryan Castillo, recibirá 45 millones de pesos que le servirán para financiar parcialmente sus prótesis de ambas piernas

¿Cuál fue el acuerdo?

Un pago en una única cuota de 45 millones de pesos a modo de reparación del daño moral, fueron los términos del acuerdo económico que puso fin a la investigación por las lesiones gravísimas que sufrió el soldado del Ejército, Bryan Castillo, en la noche del 8 de enero de 2021 en la ruta que une a Curicó con el sector residencial de Zapallar, donde la víctima fue atropellada mientras realizaba un control vehicular por la cuarentena que afectaba  a dicha ciudad.

¿Cuáles fueron las circunstancias del accidente?

Ocurre que una mujer, Nicole Orellana, quien conducía su automóvil por la citada ruta, no advirtió la presencia del camión militar y tampoco de los uniformados, atropellando al cabo Bryan Castillo, quien sufrió la amputación traumática de sus dos extremidades inferiores.

¿Qué ocurrió con la investigación?

Ocurre que la fiscalía de Curicó investigó los hechos y formalizó la investigación por cuasidelito de lesiones graves en contra tanto de la conductora del auto particular como del chofer del camión del Ejército, esto es, un funcionario de planta de la institución militar. Así se llegó al momento en que la fiscalía de Linares planteó al Juzgado de Garantía que llevara a cabo un juicio oral simplificado y no un juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Penal de Curicó, aunque mantuvieron sin fallas sus conclusiones y la pena asignada a la ley.

¿Qué decisión tomó la fiscalía?

Luego de terminar la investigación, incluyendo un informe pericial de la SIAT de Carabineros de Talca, la fiscalía resolvió llevar a cabo un juicio oral simplificado, solicitando las penas de 541 días de presidio y suspensión de licencia de conducir por un año para los imputados, por el cuasidelito de lesiones graves.

¿Y se llevó a cabo el juicio?

En la audiencia de este lunes, en primer lugar, el Juzgado de Garantía de Curicó aceptó una declinatoria de competencia planteada por el Segundo Juzgado Militar de Santiago, dependiente de la Corte Marcial, por lo cual, se remitió a dicha justicia militar aquella parte de la causa que dice relación con la investigación y acusación en contra del chofer del Ejército, Luis Ahumada. Y respecto a la imputada, Nicole Orellana, el mismo tribunal decidió aceptar un acuerdo económico entre la parte querellante y la defensa particular de la acusada Nicole.

¿Y en qué consistió el acuerdo?

El acuerdo se trató del pago, en una sola cuota, del monto total de 45 millones de pesos, correspondiente al cobro del seguro de accidentes en el tránsito asignado al vehículo que conducía la imputada, todo esto, a modo de reparación del daño moral causado al joven militar, Bryan Castillo. De hecho, el propio soldado aceptó los términos del acuerdo, al igual que la imputada. Por ello, se programó una nueva audiencia para el 30 de junio próximo donde se verificará su cumplimiento y, en caso que así ocurra, se dictará el sobreseimiento definitivo.

¿Cómo interpretó esa cifra la defensa particular de la imputada?

Ocurre que los abogados, Vinko Fodich y Juan Pablo Merino, ambos defensores privados de la única imputada, calificaron el acuerdo como muy valioso y ajustado a la proporcionalidad, por cuanto las pretensiones originales de la víctima era de obtener una compensación que le permitiera comprarse sus dos prótesis, avaluadas en poco más de 100 millones de pesos. Para ello, a fines del año pasado, se había decretado el embargo del vehículo de la imputada y una propiedad a su nombre, todo esto, avaluado en poco más de 170 millones de pesos. Pero ahora, con el acuerdo, se levantaron de inmediato estos embargos a ambos bienes.

¿Y qué habría pasado si el caso llegara a juicio oral?

Ocurre que el informe pericial de la SIAT de Carabineros estableció que la imputada solo incurrió en la negligencia de no conducir atenta a las condiciones del tránsito, mientras que el chofer del camión militar fue sindicado por tres infracciones, esto es, por estacionar el vehículo de carga sin señalización de luces de seguridad, por autorizar el descenso del personal militar sin contar con las chalecos amarillos reflectantes y por estacionar en la calzada y no en la berma.

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