Tras haber enfrentado situaciones graves de corrupción, ¿Cómo ha cambiado hoy la relación entre dinero y política?
“En los problemas de corrupción que tiene que ver por esta relación del dinero y la política, ha habido grandes avances. En 2016, luego de la comisión Engel se incorporaron una serie de reformas que tienen que ver con poner barreras y límites a la influencia del dinero en la actividad política. Se regularon los aportes en campaña, se prohibió que las empresas hicieran aportes a partidos políticos como a candidatos en elecciones (…) Son normas importantes, pues son fiscalizadas por el Servel. Antes no había una entidad con capacidad de fiscalizar y con atribuciones para instruir una investigación administrativa para sancionar estas conductas; que por lo demás hoy se tipifican como delitos en nuestra legislación”.
Si bien hay avances, siguen surgiendo situaciones de corrupción, ¿por qué no se aprende la lección de hechos pasados?
“El que todavía nos sigan estallando casos de corrupción demuestra que no aprendemos la lección. Hay distintas razones y dependen del ámbito donde pongamos el ojo. Por ejemplo, cuando empezamos a ver el uso de estructura societarias de enorme complejidad, como las cascadas o el recurrir a paraísos fiscales; nos demuestra una falta de transparencia en el mercado financiero y ahí hay mucho por hacer (…) Si bien dentro de esta agenda de probidad se aprobó la comisión para el mercado financiero, todavía faltan cuestiones relevantes de las cuales hacerse cargo, como es el recurrir a estos paraísos fiscales que generan un enorme espacio de conflictos de interés que quedan en penumbras y faltas de información sobre quienes, en definitiva, están detrás de los negocios, y que son conocidos como beneficiarios finales”.
¿Regulación que en Chile no existe?
“En el país no contamos con un registro que permita conocer los beneficiarios finales y así determinar quiénes son las personas naturales detrás de los negocios. Justamente vemos casos como Pandora Papers que generan escozor en el mundo entero, porque son los líderes y jefes de Estado los que aparecen involucrados; quienes -por lo demás- son las encargadas de la toma de decisiones en los países”.
¿Pero a nivel de parlamento hay una iniciativa que avanza en su tramitación?
“Se tramita una reforma a la Ley de Compras Públicas, que está en el Senado y que incorpora esta figura a los registros de proveedores del Estado. Esto es un avance, pero es extremadamente insuficiente, porque su aplicación estará acotada a las compras públicas y no entrega herramientas suficientes a las autoridades para que estos registros sean fidedignos, completos y actualizados (…) No sirve tener información parcial y desactualizada, porque ello hará complejo hacer cruces, verificar, y finalmente sancionar. Es un proyecto que requiere mejoras”.
Y más allá de la institucionalidad, ¿cuánto influye el control externo, ya sea de organizaciones, medios de comunicación o la propia ciudadanía?
“Hoy el control de las instituciones, llámese Contraloría o Ministerio Publico, está llegando un poco tarde (…) El rol que cumple la sociedad civil es clave, y así nos hemos ido enterando de hechos, justamente por investigaciones periodísticas. Se dice que la libertad de expresión es una de las piedras angulares en las democracias, porque ayudan al control y rendición de cuentas de las autoridades (…) Contar con una prensa libre y plural es fundamental”.
Los conflictos de interés asoman con factor complejo de abordar. Vemos parlamentarios con acciones en empresas, participación en sociedades o miembros de directorios. ¿hay una maraña muy densa que dificulta transparentar aquello?
“Es un tema difícil de regular. Hay un conflicto de interés que se presenta durante el ejercicio del cargo y ahí vemos que a veces no contamos con la información suficiente producto de las complejas construcciones societarias que ocultan las personas naturales que tiene interés en un negocio. Pero también tenemos aquellos conflictos que se verifican con anterioridad o posterioridad al ingreso de una función pública, y que a nivel internacional se conocen como ‘la puerta giratoria’ (…) Hoy no tenemos una regulación suficiente en esta materia. Es algo que está muy pendiente”.
¿Y de esa experiencia internacional, podemos rescatar y replicar algo en esta materia?
“Las recomendaciones de la OCDE en este ámbito, apuntan a establecer ‘períodos de enfriamiento’, es decir, que las personas que dejan algún cargo de esta naturaleza no puedan desempeñarse en aquella institución que estaba sometida, por ejemplo, a su fiscalización, en un período de al menos de un año. Es algo a lo que nosotros debiéramos avanzar en un mediano plazo. Vemos casos en que se nombran a personas en cargos relevantes y que en días, semanas o meses atrás, tenían un interés directo en ese negocio”.
El proceso de declaración de intereses y patrimonio es otro aspecto débil. Vemos entidades cuya fiscalización es realizada por unidades internas o por sus propios pares. ¿Así es difícil avanzar y combatir la corrupción?
“Es muy cierto. Las autoridades de administración del Estado son fiscalizadas por la Contraloría, quien tiene herramientas para controlar la veracidad de esas declaraciones. Pero respecto de los demás órganos del Estado, como son el Banco Central, el Poder Judicial y Legislativo o el Tribunal Constitucional; son ellos mismos quienes verifican el cumplimiento de las normas sobre declaraciones de intereses y patrimonio. Evidentemente ahí puede existir una crítica muy atendible a una falta de imparcialidad del órgano que tiene que resolver esos casos”.
Entonces cuando hablamos de corrupción, vamos más allá del pago de coimas o del mal uso de recursos…
“Indudablemente es un concepto mucho más amplio. La corrupción es usar la función pública para un beneficio personal y anteponer el interés particular por sobre el general (…) Lo claro es que la corrupción no se acota con un listado taxativo de reglas, más bien requiere de un cambio cultural y la incorporación del concepto de liderazgo ético. Se necesita que todos quienes ejercen algún tipo de liderazgo deban hacerlo con apego a la ética y tomarse en serio su rol. De lo contrario tendremos leyes que en el papel pueden ser muy buenas, pero sin mayor adherencia a los valores que garanticen el término de la corrupción”.
¿Y la manera en cómo se enfrente el tema también es clave, porque, por ejemplo, hablar de “raspado de olla” tampoco suma?
“Ese eufemismo no ayuda a avanzar en materia de anticorrupción. Lo único que hace es apuntar a naturalizar y a bajarle el perfil a esos actos antiéticos, ilegales o derechamente delictivos. Yo llamaría a hacer cuidadosos con ese tipo de conceptos, porque a veces ese tipo de denominaciones empleados por la elite, son replicados por la ciudadanía, y tienden a normalizar hechos que derechamente son corrupción”.
Hablar de cambio cultural es también abordar el tema de fondo y como sociedad. ¿Qué piensa usted?
“Para que todos sientan apego a las normas, las cumplan y no estén buscando la pillería o la trampa, necesitamos también una sociedad más justa y que dé dignidad a todas las personas (…) El asegurar condiciones de igualdad en una comunidad, tiene mucho que ver también en cómo garantizamos que las personas respeten las normas establecidas”.
¿Y ahí una nueva Constitución asoma como fundamental?
“De todas maneras. El proceso constituyente es una buena oportunidad para resolver algunos problemas que tiene que ver con la lucha anticorrupción y que se vienen acarreando debido a malas regulaciones expresadas en el actual texto constitucional. Hablamos, por ejemplo, de las autonomías municipales y cómo están reguladas en la Constitución o el hecho que haya órganos autónomos que no tienen un control externo, porque eso genera espacios de corrupción. Esto requiere ser resuelto en la nueva Carta Fundamental”.
Las formas de financiar la política van cambiando con el tiempo y también los modos de vulnerar las normas, frente a eso, ¿es esencial seguir invirtiendo en fiscalización?
“De todas maneras. Entregar presupuestos adecuados a los órganos encargados de la fiscalización es clave. Pero hay que señalar que los gobiernos son reacios a fortalecer a los órganos que deben controlarlos (…) Esto tiene que ver en cómo funciona la economía política, porque desde la lógica del poder es muy difícil pensar que las personas que ejercen cargos van a potenciar a quien debe controlarlos (…) En el país se han establecido regulaciones luego de casos que han remecido a la opinión pública; por eso, pensar que los órganos van a auto limitar su poder es muy difícil”.
