Un error de planimetría vigente desde 2005 mantiene enfrentados a una sociedad agrícola y al municipio, pese a informes técnicos que descartan que el terreno en disputa sea un bien nacional de uso público.
¿Qué ocurrió en Cauquenes y por qué se habla de un desalojo ilegal?
Un conflicto de larga data volvió a escalar en Cauquenes, luego de que el municipio intentara ejecutar una orden de desalojo, acusando a una empresa privada de ocupación ilegal de un supuesto área verde. El operativo, realizado hace una semana con participación de Carabineros y funcionarios municipales, afectó un terreno perteneciente a la Sociedad Agrícola Reyes Hernández Limitada.
¿Cuál es la versión del propietario del terreno?
Según explicó Edgardo Reyes, representante de la sociedad agrícola, la acción municipal se sustenta en un error de planimetría que se arrastra desde el año 2005.
“La municipalidad vino a ejercer una orden de desalojo en contra de nuestra propiedad, causando daños en los cercos y accesos. Todo esto se funda en un error que ya fue desmentido tanto por el SERVIU como por la SEREMI de Vivienda y Urbanismo”, afirmó.
¿Existe o no el área verde que reclama el municipio?
“El área verde existe, pero no está ubicada dentro de nuestra propiedad. Se encuentra más hacia el poniente, con la misma superficie que exige el municipio”, sostuvo Reyes, acusando que, pese a ello, se ha insistido en intervenir un terreno privado.
¿Qué características tiene el terreno en disputa?
El predio corresponde a un retazo de aproximadamente 450 metros cuadrados, ubicado en Villa Los Troncos, y forma parte del Fundo Retulemu, inscrito en un título de dominio que contempla 107,12 hectáreas, propiedad familiar con más de 70 años de antigüedad.
“Somos agricultores y queremos mantenernos en ese rubro”, recalcó el representante de la sociedad.
¿Qué dicen los antecedentes técnicos y legales?
El abogado de la sociedad, Matías Villegas, explicó que la SEREMI de Vivienda y Urbanismo instruyó en su momento al director de Obras Municipales a rectificar el plano del año 2005 por contener errores evidentes.
“El director acató solo parcialmente: aprobó un plano de subdivisión, pero no corrigió el catastro ni el error original, lo que mantiene vivo el conflicto”, precisó.
¿Por qué el conflicto sigue abierto?
De acuerdo con la defensa, el municipio conoce la ubicación real del área verde y podría tomar posesión de ella, ya que se encuentra libre. Sin embargo, ha insistido en un terreno que —según los informes técnicos— pertenece a un particular.
¿Qué teme ahora la sociedad agrícola?
Si bien el cerco fue restituido por el propietario, existe preocupación ante una eventual nueva orden de desalojo o demolición.
“Vamos a proteger nuestro derecho. Aquí podría configurarse el delito de prevaricación, porque las autoridades conocen los informes técnicos y resoluciones existentes, y aun así las ignoran sin una fundamentación sólida”, concluyó Reyes.
