En la cuenta pública usted reveló que fueron 11.747 los delitos asociados a la emergencia sanitaria que se contabilizaron durante el 2020 y que constituyen un cuarto del total de casos tramitados en la región. ¿Qué va a pasar con estos imputados? ¿Habrá juicios o salidas alternativas?
“Es claro que se trata de un número importante de causas. Lo decíamos en la cuenta pública: si descontamos los procesos relacionados con la emergencia sanitaria, el número de causas baja un 17,8%, esto es, los delitos comunes. De esas miles de causas por la emergencia sanitaria, la gran mayoría es por incumplimiento del toque de queda.
Habría sido muy complejo si no se hubiese modificado la normativa, especialmente, en cuanto al procedimiento penal. Se nos dio la opción –porque esto debería ser materia de juicios simplificados ante los juzgados de garantía- de buscar una salida procesal más fácil. Son los llamados procedimientos monitorios.
Esto funciona cuando el Ministerio Público hace la presentación, solicitando una multa que, para estos casos, es el mínimo de la sanción. El juez de garantía resuelve por escrito y el imputado puede hacer la cancelación directa. Es un procedimiento mucho más sencillo. En caso contrario, se nos hubiera complicado. Con esas causas estamos al día”.
¿Qué pasa con los llamados “porfiados” que se reiteran en los juzgados con más de cinco o hasta diez detenciones y formalizaciones por el artículo 318 del Código Penal?
“El tratamiento para esas personas ha sido distinto. Primero, cuando son detenidos y se detecta que han reiterado estas conductas, son pasados a control de detención en el Juzgado de Garantía. Y si la conducta es muy reiterada, hemos pedido prisión preventiva para quienes, además, tienen condenas por otros delitos. Se han decretado muchas de ellas. Aproximadamente son 80 las personas en la región que han tenido que sufrir esa medida cautelar.
La segunda instancia donde tienen un tratamiento distinto es respecto a las penalidades. Como se les acumulan los procedimientos monitorios, lo que hacemos es agrupar y pedimos una sanción mayor, no solo el mínimo de la multa. Pedimos penas privativas de libertad”.
¿A qué atribuyen que el número de denuncias disminuyó en la región durante el 2020 en un 17,8% exceptuando los casos de emergencia sanitaria? ¿Es porque ya no se hacen las denuncias por dificultades en el acceso a la justicia o bien derechamente se cometen menos delitos?
“Ese dato es siempre que sacáramos todas las infracciones sanitarias. Pero, en general, todos los delitos han disminuido. Que ocurra esto con los delitos contra la propiedad es algo que nos alegra, porque son los más difíciles de controlar. Yo creo que los delitos han disminuido de verdad, no es que se denuncie menos, porque hoy existe más acceso y facilidades para denunciar”.
En el año 2020 se desbarató un importante número de bandas criminales. ¿En qué momento esperan que ello tenga incidencia en la percepción de seguridad de las personas?
“Nosotros estamos detrás de las bandas criminales, que es lo que a la comunidad le preocupa. El equipo SACFI lo hemos extendido a toda la región, pero también la labor de las fiscalías locales está abocada a estos fines. Así durante el año 2000 tuvimos los procedimientos policiales más grandes en la historia de la región, justamente apuntando a focos delictivos, algunos de ellos con SACFI y otros con fiscales especializados, especialmente, en cuanto al tráfico de drogas.
Ahora lo importante es que esto no puede terminar. Tiene que ser permanente, para que se transforme en un círculo virtuoso entre todas las unidades. De hecho, el SACFI ahora se podrá dedicar también al tráfico de drogas, además de los delitos contra la propiedad. Y también vamos a desarrollar una labor contra los imputados prolíficos en todas las fiscalías locales.
Lo importante es que cuando uno saca de las calles a las bandas criminales o a imputados prolíficos, lo que está haciendo es disminuir un número importante de delitos. Según los estudios en criminalística, el 80% de los delitos son cometidos por el 20% de los imputados. Por lo tanto, si se saca de circulación a una de estas personas, lo que va a ocurrir es que deja de ocurrir un número importante de delitos. Esa una relación es muy relevante para efectos de bajar la sensación de inseguridad de las personas”.
¿En qué se traducirá el énfasis en investigar y detener a los delincuentes prolíficos?
“Yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos necesarios. No hay que escatimar ninguno de ellos para lograr nuestro compromiso, que es reducir considerablemente la delincuencia y trabajar por un bienestar para la comunidad, por mejorar la real situación de seguridad y no solo la percepción que tienen las personas.
Para ello, la comunidad tiene que hacerse responsable, porque allí está la información y allí están insertos los delincuentes. Y nosotros tenemos que generar canales de comunicación, pero también hay que generar confianza en las personas. Porque la gente desconfía de toda la institucionalidad, entre ellos, de la justicia. Pero nosotros necesitamos que la gente nos acompañe en los juicios, porque sus testimonios son vitales.
Las uniones comunales nos han recibido muy bien pero vamos a ir bajando hasta el barrio, para que se produzca esa sinergia y podamos responder en forma adecuada, con una atención mucho más cercana, aunque en realidad somos muy pocos. La figura del fiscal es muy escasa. Acá en la región somos 31 fiscales para 70 mil delitos, pero tenemos la vocación de servicio y de atender mejor. Vamos a hacer los mejores esfuerzos por estar un poco más cerca de las personas”.
En la cuenta pública es explicó también que existe un 43,3% de causas vigentes al año 2020. ¿A qué se debe esta situación?
“Para mí, la sanidad del sistema es cuando tenemos el control de las causas que nos ingresan. Y la verdad es que tenemos que hacer uso de las facultades que nos entrega la ley respecto de las causas de menor entidad, que son muchos y que, lamentablemente, pueden afectar a las personas, pero no nos da el tiempo, aunque las personas pueden insistir a través de un tribunal.
Nosotros bajamos muchísimo las causas vigentes durante el 2019. Y esa tendencia habría continuado, pero la pandemia nos hizo subir esta cifra. Pero la tranquilidad que tenemos es que no está radicado en nosotros el ‘taco’ de esas causas. Esas causas están radicadas en los tribunales porque hay audiencias pendientes o con diligencias que tienen retraso en los organismos auxiliares, como las policías, que han debido reorientar sus esfuerzos a otras funciones, reduciendo su productividad. Entonces, no es un tema de gestión de la fiscalía, lo cual me tiene un poco tranquilo, pero tenemos que buscar fórmulas para que esos números vuelvan a los estándares del 2019”
¿El agendamiento colaborativo fue una de estas medidas? ¿Van a insistir en esta fórmula para el 2021?
“Sí. Vamos a seguir. Nos estamos reuniendo mensualmente con los defensores, donde se organizó una suerte de comité para ir viendo cómo avanzar en el agendamiento e ir requiriendo de los tribunales para que también gestionen. Porque no obstante que la Corte de Apelaciones dio instrucciones muy claras y ha sido muy proactiva, a veces, los tribunales no han actuado de la misma forma. Entonces, tenemos algunos que están haciendo juicios y otros que no. Y eso nos va a repercutir, porque afecta al sistema, en la medida que no se avanza”.
Hace pocos días hubo un intercambio de criterios con el Ejército por la causa del militar atropellado en Curicó. ¿Cómo interpreta lo que ocurrió en cuanto al rol que tienen las instituciones y el respeto de las facultades? ¿Hubo un apresuramiento en las declaraciones del comandante en jefe del Ejército luego de visitar al soldado lesionado y criticar a la fiscalía?
“Probablemente sí. La verdad es que es una situación que, en general, lo estamos viendo. La gente pide que las instituciones funcionen, pero con el adecuado respeto. Sobre todo, no podemos entre las instituciones estar enrostrando a otros conductas o cuestionando, sobre todo, cuando se hace desde el más absoluto desconocimiento del caso, en una función que no le compete al comandante en jefe del Ejército.
Entonces, su reacción fue poco feliz. Esa reacción se habría entendido si lo hago desde la perspectiva de la víctima, que es lo que nos debería importar. Pero no, porque proviene de quien se imputa como victimario. Entonces, aquí no solamente se le falta el respeto al Ministerio Público, que desarrolló su función en base a antecedentes profesionales, sino que también se desconoce lo que hizo un fiscal y un juez, que valida toda esta actuación policial…”.
…pero también es una investigación en curso, es decir, que todavía no concluye y puede cambiar…
“Por supuesto. Y también se debe considerar que la formalización es un beneficio para el imputado, porque así está establecido en la ley. Es una garantía, porque le estamos comunicando que lo vamos a investigar por un determinado delito. La medida cautelar que se pidió es de baja intensidad y la única finalidad es que la tramitación de la causa sea lo más rápida posible. En estas causas por cuasidelito las medidas cautelares son de similar naturaleza para cualquier persona. Y yo no voy a hacer excepción con ninguna persona. Todos somos iguales ante la ley”.
