¿Qué resolvió la justicia?
A petición de la fiscalía, el Juzgado de Garantía de Talca dictaminó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de los imputados, Gerald Alexander Urra Verdugo y Jonathan Andrés Márquez Bustamante, ambos con condenas previas y que ahora fueron formalizados por un delito de hurto agravado perpetrado en una empresa agrícola.
¿Cuándo y cómo fueron los hechos?
La fiscal, Claudia Díaz, explicó que los hechos se remontan al martes 5 de octubre, cuando los imputados -más un tercer sujeto todavía no identificado- ingresaron a una empresa agrícola ubicada en el fundo Camarico, en la ruta K-31 de la comuna de Río Claro. Allí accedieron hasta la bodega, aprovechando que los portones estaban abiertos, para sustraer 60 envases de un litro de agroquímicos, además de un computador portátil, todo esto, avaluado en poco más de seis millones de pesos.
¿Y qué ocurrió al día siguiente?
La persecutora explicó que las pesquisas por el robo quedaron en manos de personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Talca, cuyos agentes identificaron la patente y las características del automóvil en el cual se movilizaban los ladrones, por cuanto todo quedó registrado en cámaras de seguridad. Añadió que, al día siguiente, los mismos agentes de la SIP observaron el vehículo en el peaje Río Claro, en dirección al sur, coordinando una persecución que terminó en un servicentro, donde los dos ocupantes dejaron abandonado el móvil e intentaron escapar a pie por la línea férrea, siendo detenidos y, con posterioridad, reconocidos por un testigo del robo a la empresa agrícola.
¿Cuál fue la solicitud de la fiscal?
Junto con formalizar la investigación por el delito de hurto agravado, la fiscal explicó que los detenidos registran numerosas condenas previas, exigiendo así la medida cautelar de prisión preventiva. Luego de escuchar a la Defensoría Penal Pública, el juez, Víctor Rojas, del Juzgado de Garantía de Talca, resolvió acoger la posición de la persecutora y decretó esa medida cautelar, pero por peligro de fuga. Así dispuso una fianza económica por cada imputado de dos millones y medio de pesos, además de limitar en dos meses el plazo de cierre de la investigación.
