¿Qué resolvió el tribunal?
El juez, Víctor Rojas, del Juzgado de Garantía de Talca, descartó cualquier tipo de ilegalidad en el origen del procedimiento policial que terminó en un violento incidente entre los funcionarios de la Cuarta Comisaría de Carabineros y un grupo de personas adultas residentes en un domicilio, ubicado en la calle 4 Oriente, entre 12 y 13 Norte, en Talca. El hecho ocurrió en horas de la tarde del miércoles pasado y derivó en la detención de seis imputados -cuatro hombres y dos mujeres- por el delito de lesiones a personal de Carabineros en acto de servicio. El caso adquirió notoriedad nacional luego que una persona publicara en su perfil de Facebook un video donde se registra la parte final del procedimiento policial, esto es, cuando los carabineros tratan de ingresar al domicilio y son rechazados a la fuerza por los residentes.
¿Y cómo partieron los hechos?
En la audiencia judicial telemática de control de la detención, la fiscal, Claudia Díaz, explicó al juez que el parte policial señala que el operativo partió en la zona céntrica de Talca, en calle 6 Oriente con 2 Norte, donde los carabineros habrían intentado fiscalizar a una mujer que circulaba en una moto sin patente, la cual supuestamente habría intentado atropellar a uno de los funcionarios uniformados. Así comenzó una persecución que terminó en el domicilio de calle 4 Oriente, donde la mujer se habría ocultado y los residentes salieron a rechazar violentamente la presencia policial.
¿Y qué ocurre respecto a estos incidentes violentos?
Al respecto, el juez estimó que “una vez que se forma esta trifulca, es un elemento que no quita sustento a la detención que realizan los carabineros. Es parte de una nueva indagación que el Ministerio Público debe hacer, en cuanto a si se encuadra o no en los protocolos policiales y si hubo uso abusivo de la fuerza. Pero, por lo pronto, la detención de estos ciudadanos se encuadra a derecho”. El magistrado agregó que el uso de un vehículo motorizado sin patente constituye un delito que está sancionado con presidio y multa, añadiendo que este solo hecho justifica la reacción policial, por cuanto la ley obliga a que reaccionen en forma inmediata ante un hecho flagrante.
¿Cuál fue la solicitud de medidas cautelares?
Los seis detenidos fueron representados por dos abogados defensores particulares, esto es, Fernando Leal e Iván Vidal, quienes solicitaron la ilegalidad de la detención, argumentando que supuestamente los imputados habían actuado en “legítima defensa” respecto a la actuación policial.
¿Qué delito fue formalizado y qué pasó con los detenidos?
La fiscal presentó cargos criminales por lesiones contra personal de Carabineros en acto de servicio, un delito que está tipificado en el Código de Justicia Militar. Luego, en atención a que los detenidos no registran condenas previas y tampoco causas pendientes, la persecutora solicitó las medidas cautelares de prohibición de salir del país y de acercarse a las víctimas, esto es, los dos carabineros que constataron lesiones de carácter leve. Luego, el juez limitó en cuatro meses el plazo de la investigación y, a la vez, fijó audiencia para el 26 de noviembre a petición de la fiscal para reformalizar la investigación.
¿Qué viene ahora para las defensas?
Fernando Leal sostuvo que “no compartimos el criterio del tribunal. Creemos que efectivamente más allá de los presuntos ilícitos que se imputan a los detenidos, acá hubo un actuar de Carabineros absolutamente fuera del marco legal. Y desgraciadamente el tribunal no acogió nuestro planteamiento. Nosotros creemos que Carabineros actuó en forma ilegal, excediendo sus atribuciones y protocolos. Inclusive, creemos que hubo un actuar que podría tener carácter de delito, por lo cual, hemos pedido que se deriven los antecedentes al Ministerio Público para que se realice una investigación penal. Y vamos a analizar si vamos a apelar de esta resolución”.
¿Qué dijo el alto mando de Carabineros?
El coronel de Carabineros, Álvaro Escobar, sostuvo que “resultaron cinco carabineros lesionados. Todos los antecedentes serán puestos a disposición del Ministerio Público y se dispondrá una investigación administrativa para determinar si existen responsabilidades en el hecho”.
