¿Qué impacto tendrá esta nueva legislación?
“El Código de Aguas es la ley con mayúscula en cuanto a todo lo que se relaciona con el agua. Era un tema donde existía mucho antagonismo con visiones muy enfrentadas, con mucha ideología, todo lo cual hacía que no se analizaran los problemas en su propio mérito. Y eso hizo que fuera muy accidentada su tramitación durante muchos años”.
¿Cuál fue la estrategia para tramitar con resultados una ley que ingresó al parlamento el 2011?
“Lo que hicimos fue trabajar esto de una manera distinta. Partimos hace dos años atrás en el Senado, con los parlamentarios y sus asesores. Fue un trabajo silencioso y muy profesional. Además, convocamos una Mesa Nacional del Agua donde están representados todos los sectores políticos y de la administración del agua, con dirigentes de los APR, juntas de vigilancia, la SNA, la minería, las empresas eléctricas y académicos. Lo primero que hicimos fue tener un diagnóstico común respecto a cuál es el problema, lo que se alcanzó por unanimidad. Y, luego, surgieron las soluciones también por acuerdos entre todas las partes”.
¿Cuál es el aspecto más relevante de la reforma?
“Uno de los temas centrales fue diseñar una ley del agua que esté acorde al tremendo problema que tenemos al frente, que es un cambio climático enorme. Para la mayor parte de Chile o donde vive el 80% de los chilenos, significa no solamente una sequía muy prolongada, la más profunda y larga de la historia, sino que -además- todos los pronósticos son que esto va a continuar, con altas temperaturas y menos agua. Por ello, lo que se necesita es tener una herramienta legal mucho más adecuada para resguardar esta agua cada vez más valiosa y escasa.
Lo segundo es que se pusiera a tono el Código de Aguas con los tiempos de hoy, de tal manera que esta ley es justa, equitativa y que distribuye a resguardar este bien que es de todos, en la forma que corresponde. Que cuando hay escasez, se privilegien las cosas que la propia comunidad quiere priorizar. Esa fue la discusión que tuvimos e increíblemente es el mayor aporte. Se trata de una ley extensísima, con más de cien cambios, todos aprobados por unanimidad en el Senado, en la Cámara de Diputados y en la comisión mixta.
Y, por lo tanto, este Código de Aguas no solo es moderno y nos deja con una herramienta adecuada para esta nueva realidad, sino que -adicionalmente a eso- nace con un respaldo enorme, fruto del trabajo de todos. Porque cuando hay problemas y una cosa se pone muy escasa, muchas veces los problemas se tratan de resolver pensando que el del lado es el culpable, gastando energía en pelar y discutir entre nosotros. En este caso, fue al contrario, lo cual nos permitió aunar voluntades, trabajo y esfuerzo, para enfrentar el verdadero desafío que es cambiar la forma de relacionarnos con el agua”.
El carácter temporal que tiene el derecho de aprovechamiento de aguas fue inicialmente interpretado por las asociaciones de regantes como una amenaza. ¿Qué les responde a estas organizaciones?
“Más que la temporalidad, eso tiene que ver con la seguridad jurídica. Todos entienden que estos derechos son de la comunidad, como un bien nacional de uso público, pero se entregan derechos de aprovechamiento para que la persona pueda realizar una actividad, ya sea para tener agua en su casa, para regar un campo o un proceso productivo. Y eso requiere estabilidad y saber que voy a disponer de ello. Entonces, por un lado, los derechos antiguos mantienen su condición, porque el tema de la temporalidad no cambia en nada.
Y, por otro lado, los nuevos derechos, si bien es cierto se entregan a plazos que -en general- van a ser a 30 años, se crea también un sistema de renovación que es en base a reglas absolutamente objetivas y que tienen que ver con el uso. Es decir, si la persona está usando el agua, la renovación es automática y se le concede otro periodo igual al que tenía, por el solo ministerio de la ley, con la sola excepción que hubiera un problema en el acuífero que lo haga no sustentable.
En ese caso, la Dirección General de Aguas no puede hacer recaer el costo solo en estos derechos nuevos, sino que tiene limitar todos los otros derechos en su extracción, porque el nuevo Código distingue entre el derecho que se concede y el uso, que es un tema distinto. Esa seguridad es esencial y queda bien cubierta.
El tercer punto que quiero hacer es que los derechos nuevos y antiguos quedan bajo las mismas normas, es decir, tienen que cumplir con todos los requisitos que trae el Código en cuanto a restricciones, obligaciones de utilizar el agua o devolver el derecho, así como de inscribirse, que son los elementos centrales que cambian, para evitar el no uso y la especulación. Me parece que los temas de preocupación que hubo en ambos extremos, hace años atrás, creo que han quedado muy bien resueltos”.
¿Se prioriza el agua consumo humano, pero también para otros usos como el riego agrícola, generación y fines industriales?
“Yo soy de la región del Maule y todos los productores que utilizan el agua tienen plena consciencia que es imposible sostener alguna actividad si la mayoría que está al lado no tiene agua para sus necesidades. En ese punto coincide todo el mundo y lo que hace la reforma al Código de Aguas es definir qué es el consumo humano, de qué forma se cautela tanto en la entrega de derechos como también cuando hay restricciones, para que el objetivo no se vea restringido. Además, esa es la forma cómo estamos operando en la actualidad. Con la crisis que hay, hemos tenido que restringir muchos usos en distintas partes, como intervenir ríos y llegar a acuerdos con juntas de vigilancia. Y en todos ellos, el criterio rector es precisamente cuidar el consumo humano”.
¿Qué rol juegan allí las asociaciones de regantes y juntas de vigilancia?
“Las juntas de vigilancia cumplen un rol vital en la administración y distribución del agua. Ese rol continúa y se hace más fuerte en el nuevo Código de Aguas. Son ellos quieren tienen que realizar la tarea por encargo de la comunidad, haciendo el mejor uso del agua.
De hecho, vamos a enviar un proyecto de ley que es parte del trabajo de la Mesa Nacional del Agua que viene a complementar el Código en materia de organizaciones de usuarios. En Chile tenemos 3.500 organizaciones de distinto tipo que tienen que ver con aguas superficiales. Pero actualmente se hace mucho uso del agua subterránea y tenemos apenas 14 organizaciones en todo el país, aunque la idea es que ellos cuiden el agua y sus derechos, haciendo las denuncias.
En el caso de los pozos eso no sucede, aunque está en rigor la ley que los obliga a tener caudalímetros e informar, incluso, los pozos grandes deben informar en forma instantánea por telemetría, como ocurre en la región del Maule. De esa manera, la autoridad tiene la capacidad de saber qué extracciones se están haciendo. Pero igual necesita la ayuda de organizaciones de usuarios, tanto de aguas superficiales como subterráneas, de manera tal que, entre todos, cuiden el recurso.
En Chile hay 375 acuíferos y, de ellos, solamente 6 estaban con prohibición de entrega de derechos. Eso ocurría cuando llegamos al Gobierno, pero ahora tenemos más de cien con prohibición porque no hay más agua, porque se está sacando más de lo que está entrando, por lo tanto, no es un ejercicio sustentable. Y tenemos otra cantidad equivalente que está en situación de restricción, es decir, sólo se entregan derechos que son provisorios. Este cuidado lo tiene que hacer la autoridad, peor también los usuarios organizados son vitales para hacer este trabajo”.
¿Qué significa esta idea del caudal ecológico mínimo que se consigna en el nuevo Código de Aguas?
“Este concepto tiene que ver con las fuentes superficiales de agua. Cada vez que se entrega un nuevo derecho, se deja una pequeña proporción para cuidar este bien que es todo el ecosistema que está alrededor del río. La Dirección General de Aguas tiene que determinar cuál es ese caudal y reunir los recursos para asegurar su sustentabilidad”.
¿Se crean también nuevos derechos?
“Se creta un derecho para uso en la fuente. Es un derecho para no usar. Por ejemplo, para el resguardo de algún ecosistema que está junto al río y que es necesario tenerlo, como ocurre con algunos deportes o infraestructura que depende de que exista agua en un afluente. Se trata de bienes que a la sociedad le interesa que existan, igual que la agricultura, la minería o el consumo humano. Hoy la sociedad no tiene derechos para asegurarse que el río va a mantener una cantidad de agua suficiente. Ahora se va a poder conceder, con la única salvedad de que no se puede cambiar a uso”.
¿Y en cuanto al bien nacional de uso público ese carácter del agua está asegurado en esta reforma?
“Absolutamente. De hecho, en el Código actual está, pero aquí se hace con mayor énfasis, pero la calidad de bien nacional de uso público que tiene el agua viene de mucho ante. Va a pasar el estallido social, el cambio constitucional y los gobiernos que vienen, pero el desafío de la falta de agua y aumento de las temperaturas va a seguir estando allí, obligándonos a todos a modificar nuestra forma de vivir, en forma rápida, acelerada e inteligente, porque de otra manera va a ser muy doloroso”.
¿Qué cambios se proyectan a la institucionalidad para que ejerza las atribuciones que le otorga esta reforma?
“El problema que tenemos al frente es probablemente el desafío más grande que tengamos como país, sociedad y seres humanos. Es un cambio dramáticamente rápido en el clima que tienen las regiones.
Maule tiene más agua que Santiago, pero todos tienen mucho menos agua del que tenían antes, por lo cual, tienen que cambiar cuánto y qué producen, así como los jardines de la casa, de las plazas y la extensión del tiempo para ducharse. Por este motivo, el Estado debe ser eficiente en el manejo de este recurso tan escaso, pero ocurre que tenemos 43 instituciones que tienen relación con el agua.
Así llegamos a la conclusión, ampliamente compartida, que el liderazgo de este tema lo asuma el MOP, para lo cual, nos estamos transformando en el Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos, para darle atribuciones legales a una tarea que ya estamos haciendo. Ese proyecto ya está en el Senado, lo vio la comisión de obras públicas y lo aprobó por unanimidad. Allí queremos seguir con este camino de ir buscar los acuerdos, ir estudiando con seriedad los problemas y diseñar las herramientas para hacer estos cambios”.
