En virtud de la reciente aprobación del proyecto minero-portuario Dominga debemos preguntarnos qué tan prioritario es el ambiente en Chile. Solo a manera de contextualizar, pocos días antes de asumir el presidente Eduardo Frei, se promulga la ley de bases del medio ambiente (ley 19.300), que vino a sentar las bases de la política ambiental chilena, creando al sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA) y la CONAMA (hoy Ministerio de Medioambiente).
Al mismo presidente se le atribuye la siguiente frase: “en el país ningún proyecto de inversión se detendrá por consideraciones ambientales”, lo que claramente es una señal opuesta a la ley 19.300 o al derecho a “vivir en un medio ambiente libre de contaminación” (art. 8, Constitución Política de Chile de 1980).
Ahora 30 años después nos deberíamos preguntar si ha habido cambios en las políticas ambientales del país, más allá de una modernización de la Ley y de la institucionalidad ambiental, para ello, lo mejor es juzgar a la luz de los problemas ambientales de nuestro país:
-La escasez hídrica probablemente es uno de los temas de mayor relevancia, donde se necesita urgente una actualización del código de aguas y de las instituciones que administran este recurso.
-La contaminación ambiental y su efecto en la salud humana.
-El problema de conservación de las especies y de ecosistemas. Por ejemplo, el clima mediterráneo es extremadamente susceptible al cambio climático (que no es un problema sólo de nuestro país, sino que un problema mundial).
-La generación de residuos y su disposición, por lo que se nos viene a la mente las denominadas zonas de sacrificio (consecuencia transversal a otros problemas), que realmente son un dolor de cabeza para los ciudadanos. Donde la ley REP ha sido un gran acierto, sin embargo, nos falta acercarnos aún más a la reutilización y reciclaje de residuos.
-La pérdida de suelos producto de la contaminación y erosión de estos.
Concluyendo, está claro que Chile tiene problemas ambientales que son transversales al territorio nacional y que deben ser abordados por la nueva constitución, sin perder aquellas normas y/o leyes que son un acierto para el cuidado ambiental. Finalmente, para concluir, una parte muy pequeña de la población posee una conciencia ambiental de protección y cuidado del medioambiente, sin embargo, el número es comparativamente mayor que hace 30 años.
